Toda esa serie de circunstancias que se pueden confabular en contra de un blogger que dedica parte de su tiempo a buscarse las habichuelas han mantenido interrumpido ContraTitulares durante más de una semana. Espero poder retomar el ritmo habitual. Disculpas a mis lector@s.
Hoy, las portadas de El País y ABC coinciden en un tema que se viene aireando de forma paralela a la posibilidad de un proceso negociador entre el Gobierno y el entorno de ETA: la salida de la cárcel de presos etarras en los próximos tiempos, una vez cumplidas las penas máximas por los delitos cometidos, descontadas las reducciones a las que todo recluso tiene derecho. Sea o no una perversión, lo cierto es que es fruto del Código Penal vigente en el momento de las sentencias judiciales que les llevaron a prisión. El actual establece que las reducciones se establecerán sobre el cómputo total de la pena, no sobre el máximo de cumplimiento efectivo (es decir, 10 años como mucho sobre los 30 como máximo que se puede permanecer entre rejas). Pero el actual no sirve para los casos anteriores, porque el Código Penal no puede ser retroactivo: es uno de los principios y garantías jurídicos más básicos en democracia. El debate nacional vuelve a estar servido, como suele ocurrir cuando coinciden las posturas ideológicas con la coyuntura política.
20 etarras saldrán libres este año por la
aplicación del Código Penal de 1973 (El País)
Setenta etarras, incluidos «Troitiño» y
«Kubati», quedarán libres en dos años (ABC)
Para el público lector habitual de ABC, un terrorista de ETA debería estar, si no toda la vida, sí al menos los 30 años. Para sus ideólogos, articulistas y promotores como instrumento informativo, es una buena oportunidad de cargar contra el Gobierno. Es decir, se trata de «otro precio político» que el presidente Zapatero estaría dispuesto a pagar por el silencio de las armas de ETA. Habrá que recordar que este mismo medio de comunicación (y otros cuantos) han protestado sobremanera por el cese reciente de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, al entender que se trata de una interferencia del Ejecutivo en el Judicial. Y la salida de los presos de ETA, ¿también será interpretada en la misma clave?
En cambio, el público lector de El País viene a coincidir con varios principios, al menos en un plano abstracto: la ley ha de ser igual para todos, y no se han de cometer excepciones de ningún tipo con determinadas garantías jurídicas, como la irretroactividad del Código Penal. Eso sí, el titular de El País es tramposo, pues no denuncia la estrategia de la falsa relación entre la posible negociación con ETA y la salida de varios presos de la cárcel, como sí hace en el desarrollo de la noticia. El titular aporta un dato importante: estamos hablando del Código Penal de 1973, que era el que efectivamente estaba vigente cuando se dictaron aquellas sentencias. Pero el texto debajo añade: “Entre abril de 1998 y marzo de 2004, otros 59 terroristas de ETA abandonaron la cárcel mucho antes del cumplimiento efectivo de su condena, debido a que la redimieron parcialmente acogiéndose al Código Penal de 1973”. Lo que viene a ser tanto como “esto ya pasó antes y entonces los que hoy gritan, vocearon menos, o callaron”. Denunciar algo en el texto, y ocultarlo en el titular, que se centra en un aspecto que el diario considera más afín a la media de la sociedad española, se llama sensacionalismo.
Pero además de todo lo anterior, valga una misma crítica a los dos periódicos. Señores, señoras: no es noticia. No es un hecho novedoso, sino un acontecimiento futuro sobre el que ahora mismo existen opiniones y datos recientes. En ese sentido serán noticia, por ejemplo, los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo acerca de si se puede, o no, separar los cargos para que cumplan prisión por cada uno de ellos, y no por todos a la vez. Aunque en este caso, no me resisto a aportar una reflexión al debate. Para la derecha mediática y política, se deberían separar esos cargos, y si prevalece la doctrina de que no es así les faltará tiempo para acusar al Gobierno de pagar un nuevo precio político. Pero además, elaboran un cálculo bastante curioso: si un terrorista condenado por 82 asesinatos cumple 20 años de condena, le viene a salir aproximadamente a 90 días por difunto. Y eso les parece poco. Quizá lo sea, pero pregunto: ¿y si cumpliera una pena de 30 años, esto es, unos 140 días por crimen, entonces sí sería suficiente? Seamos serios…
2 comentarios:
Ayer decía un experto en cuestiones judiciales, que dejando de lado posibles excepciones, en las excarcelaciones de etarras, se está aplicando meticulosamente la ley. Si no se está de acuerdo, hay que cambiar la ley.
Mi parte irracional, al asesino de Ernest Lluch, o a los asesinos de 28 personas en el Hipercor de Barcelona (son los casos que más me afectaron en su momento), les freiría a fuego lento, pero mi parte racional me dice que, por ejemplo, 20 años privado de libertad, es un castigo terrible y que prefiero, a regañadientes, un sistema penitenciario integrador, que uno vengativo.
Saludos
Cómo no estar de acuerdo con vuestras aportaciones, ilustres bloggeros. Qué lujo teneros como participantes. Prometo regresar con la misma periodicidad, en cuanto me desatasque del aluvión de trabajo que tengo encima.
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