viernes, enero 13, 2006

Defiende, invoca y reconoce un derecho

Derecho 3, licencia 1. Hoy los cuatro diarios de Madrid no sorprenden y llevan a portada los temas que cabe esperar por su línea editorial y los intereses que en parte les sostienen. La Razón, ABC y El Mundo se centran en la «asamblea de Batasuna», expresión que es razonable entrecomillar porque lo contrario sería mantener una afirmación quizá verdadera, pero hasta ahora no demostrada. Para El País, la noticia más importante del día es el «boicot» (ídem) de EE.UU. a la venta de material militar de España a Venezuela.

Zapatero defiende el derecho
de reunión de los batasunos
(La Razón)

Zapatero invoca el 'derecho de reunión'
ante el congreso de la ilegal Batasuna
(El Mundo)

Zapatero reconoce el «derecho» a
reunirse de los dirigentes de Batasuna
(ABC)

Sorprende esa coincidencia de “Zapatero (verbo) el derecho”. Los tres se refieren a las palabras pronunciadas ayer por el presidente del Gobierno, cuando fue preguntado por la supuesta asamblea de Batasuna el próximo día 21: “hay una línea muy fina entre las restricciones a los derechos fundamentales que se derivan de una ley como la Ley de Partidos, que tiene una aplicación muy delicada, y los derechos que reconoce el texto constitucional, entre ellos el de reunión”. Por ello es conveniente reseñar las diferencias, sutiles pero existentes, en el uso de verbos y entrecomillados en cada una de las portadas. Acudimos, cómo no, al Diccionario de la Real Academia Española.

Defender. 1. tr. Amparar, librar, proteger. U. t. c. prnl. 2. tr. Mantener, conservar, sostener algo contra el dictamen ajeno.
Invocar. 2. tr. Acogerse a una ley, costumbre o razón.
Reconocer. 5. tr. Confesar con cierta publicidad la dependencia, subordinación o vasallaje en que se está respecto de alguien, o la legitimidad de la jurisdicción que ejerce.

Parece que el verbo elegido por La Razón es acertado desde un punto de vista periodístico, puesto que efectivamente Zapatero ampara el derecho de reunión como un derecho constitucional. Pero el final del titular lo estropea todo: “los batasunos”. ¿Quiénes son “los batasunos”? ¿Los miembros de la Mesa Nacional antes de la ilegalización de Batasuna? ¿Sus portavoces no oficiales, como Otegi o Permach? ¿Sus votantes en las últimas elecciones a las que concurrieron? ¿Los votantes de PCTV-EHAK, tomando como buena la asimilación entre esta formación legal y Batasuna? Dicho entonces de otro modo: ¿Quiénes son los ilegales? Y más allá: ¿Quién tiene negado el derecho de reunirse? Se da la misma situación que cuando PCTV-EHAK se presentó a las elecciones autonómicas vascas. Se entiende, se intuye o se percibe que detrás de la Asamblea está Batasuna, como organización y no sólo como firma de apoyo. Pero en un Estado de Derecho, si se quiere impedir la reunión al amparo de una ilegalización judicial a una formación política, o se demuestra esa percepción o no hay nada que hacer. La ley es la ley, y manda para todos por igual. Jueces y políticos incluidos. ¿O es que alguien desea, por ejemplo La Razón, excepciones de arbitrariedad a la aplicación sistemática de la Ley en el Estado de Derecho?

En el caso de El Mundo, también es acertado el verbo: invocar. Porque Zapatero se acoge a una ley para defender el derecho de reunión. Y esa ley, en nuestro país, es la ley máxima: la Constitución Española de 1978. Hagamos un pequeño paréntesis en este sentido. ABC elige el verbo “reconocer”. Leída la definición del DRAE, y sin ánimo de dar un compendio de historia de las ideas políticas, uno de los rasgos que definen al Estado de Derecho es el sometimiento de los poderes públicos a la ciudadanía. Que se ejerza poco o mal no significa que no sea ese el espíritu que lo alumbra. Es por eso por lo que en un Estado de Derecho, los derechos siempre se reconocen, y nunca se dan, o se conceden. El Estado reconoce la titularidad de esos derechos por parte de la ciudadanía, da por buena esa titularidad, la acepta, la acata y se somete a ella. Uno de esos derechos reconocidos en la Constitución Española de 1978 es, precisamente, el de reunión:

Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.


Por tanto, si invocar y reconocer son verbos válidos, ¿a cuento de qué entrecomillar la expresión “derecho de reunión” como hace El Mundo, o el término “derecho” como hace ABC? Se entrecomilla aquello que es pronunciado por un actor social y es susceptible de resultar erróneo, equivocado o incorrecto. O bien aquello que se quiere ridiculizar, porque aunque resulta correcto, quien escribe está en contra de esa manifestación verbal. Así pues, ¿consideran El Mundo y ABC que el derecho de reunión no existe, o que su consideración por parte de Zapatero es incorrecta? O, lo que es peor, ¿pretenden burlarse de ese artículo recogido por la Constitución Española, que tanto defienden en otras ocasiones, en el título correspondiente a los derechos y deberes fundamentales?

Después de tanto varapalo, la crítica a El País resultará escasa. Pero tampoco el diario del grupo PRISA se libra hoy:

EEUU niega a España la licencia
para vender aviones a Venezuela


Falso. Estados Unidos no niega nada a España, se lo niega a EADS-CASA, la empresa tecnológica que necesita la licencia estadounidense para incorporar sus equipos en el material militar que figura en el acuerdo de compra-venta firmado entre Venezuela y España. Casi seguido, el segundo error: “licencia para vender”. Pues tampoco. La licencia no es para vender, como se acaba de explicar, sino para instalar los equipos de EADS-CASA en el material militar. Su sustitución por equipos europeos multiplica los costes, lo que hace inviable la operación. ¿Quizá eso significa en la práctica que Estados Unidos disponía de esta maniobra para vetar la venta de material, y que eso lo sabíamos prácticamente todos? Quizá. Pero en puridad, ni el gigante norteamericano niega nada a España, ni la licencia es para vender. Por ello, propongo ContraTitular:

EEUU niega la licencia tecnológica
para el material vendido a Venezuela

2 comentarios:

imagina dijo...

“Es por eso por lo que en un Estado de Derecho, los derechos siempre se reconocen, y nunca se dan, o se conceden.”
Siempre se aprende algo. Pero cuando dices “estado de derecho” te refieres a que el último valedor, en cualquier disconformidad existente, por ejemplo el Estatuto catalán (es lo primero que se me ocurre, no sé porqué), será la judicatura quién decida si sí o si no, aquella que en un contencioso, donde el propio gabinete técnico había dictaminado a favor, dictó en contra por seis a tres, precisamente los seis jueces que había nombrado el PP (proporción que yo le calculo a la judicatura española, 66’66% proclives al PP).
Es toda una tranquilidad.
Saludos

Al-Duende dijo...

Se supone que cuando hay una disconformidad es el poder judicial el que decide. Esa disconformidad puede darse entre entidades públicas, privadas y ciudadanía, con todas las combinaciones posibles. Ahora bien, es el poder el que reconoce el derecho del ciudadano y de las entidades a reclamar lo que es suyo (pues es ese el significado etimológico de "justicia"), y dispone las herramientas e instituciones necesarias, así como los recursos humanos y técnicos, para que la ciudadanía haga efectivo ese derecho. Ese es, al menos, el cuerpo teórico del meollo judicial. Dicho con los nombres de los tres poderes sería algo parecido a: el Legislativo, como representación de los intereses e ideas de la ciudadanía, y como depositario político de sus derechos y deberes, impone al Ejecutivo la obligación de disponer los medios necesarios para que el Judicial dirima en caso de conflicto o disconformidad.

Pero en última instancia, quien decide es la ciudadanía soberana (sigo con el armazón teórico, no con la realidad cotidiana). Por ejemplo, en el caso del Estatut, una vez pasados todos los trámites (que en principio son garantistas y contrarios a cualquier veleidad de arbitrariedad o abuso de poder), la ciudadanía decide en referéndum si se dota de un nuevo marco de convivencia.

El caso que tratas, y que con ironía resumes en ese 66,66%, es una de las trampas de todo este armazón teórico. ¿Quién decide cómo se compone el Poder Judicial? ¿Cómo y quién garantiza que los tres poderes están efectivamente separados? En puridad, el Legislativo impondría al Ejecutivo la obligación de velar por la independencia del Judicial, pero cuando la mayoría del Legislativo coincide y da soporte al Ejecutivo, la independencia del Judicial pasa a ser quimera. El PSOE ha llevado adelante una reforma de mínimos, pero al menos es más de lo que había. Hasta ahora, en el CGPJ, las cuestiones se dirimían por mayoria absoluta (la mitad más uno). Desde la reforma, se hace por mayoría de tres quintos. Lo que asegura mayor independencia pues difícilmente ningún grupo político podrá llegar a imponer 12 vocales sobre 20 en el CGPJ.

... Y pensar que por esa reforma se le acusó desde ciertos medios de quebrantar la independencia judicial... Leer para creer.